Y EL ‘ONCE’
COMENZÓ DE MADRUGADA EN VALPARAÍSO…
¿¿Quiénes
creyeron ‘la Propaganda de Guerra’ de la Dictadura Militar??
¿¿Qué sectores
políticos se sintieron “VÍCTIMAS” del famoso ‘Plan Zeta??
¿¿Quiénes
justificaron el ‘Estado de Guerra’ debido a ese Plan Zeta??
DENUNCIA ANTE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, “LA PARTICIPACIÓN DE LA PRENSA EN ‘LA PROPAGANDA DE
LA DICTADURA’ PARA JUSTIFICAR LA DECLARACIÓN DEL ‘ESTADO DE GUERRA’, ACUSANDO FALSAMENTE
AL PRESIDENTE ALLENDE Y A SUS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DE EXTREMISTAS Y
LADRONES”. ESTA ‘ACCIÓN DE LA PRENSA’ ES “UNA INFRACCIÓN GRAVE AL CONVENIO DE
GINEBRA SOBRE EL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA POR CAUSAR DELIBERADAMENTE
GRANDES SUFRIMIENTOS MORALES A UN PRISIONERO DE GUERRA”.
Esas falsas
acusaciones fueron difundidas con gran publicidad en los medios de
prensa escrita de Valparaíso y se formularon en mi contra como ‘parte integral de la Propaganda de Guerra’ que buscaba crear un “Enemigo Interno” que
justificara la presunta “Guerra Interna”, la que se usó como fundamento del
Decreto Ley Nº 5 de la Junta Militar de Gobierno, que declaró el “Estado de
Guerra” a contar del 11 de Septiembre de 1973.
Las falsas
acusaciones denunciadas fueron ampliamente difundidas por: el diario El Mercurio de Valparaíso de fecha 12 de septiembre de 1973;
por el diario vespertino La Estrella de Valparaíso de la misma fecha; por El
Mercurio de Valparaíso del 12 de octubre de 1973; por el diario nacional “La Tercera de la Hora” del 11 de noviembre de 1973; por el diario El
Mercurio de Valparaíso del 17 de junio de 1974; por la publicación del “Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile”; por
la publicación internacional del libro titulado “CHILE: The Crime of
Resistance” de la autora Susanne Lavín; y
finalmente, por el reportaje de
Revista Ercilla “Los escándales del Allendismo”, publicación de la primera
edición después del Golpe de Estado, en el que figuramos cinco funcionarios
públicos, incluyendo al propio Presidente Salvador Allende, de todos los cuales
soy el único sobreviviente.
Las
publicaciones mencionadas me involucraron calumniosamente en:
A)
La participación, con el grado de Oficial Superior, en los Aparatos
Armados Extremistas del Marxismo Revolucionario que llevarían a cabo el
presunto Plan Z. Al
negarme a colaborar en la denuncia pública del Plan Zeta a través de la
Televisión de Valparaíso, (en la cual se me propuso aparecer para leer un
Comunicado, elaborado por los interrogadores, que denunciaba a los Marxistas
Revolucionarios como los únicos responsables de dicho Plan Z y sostenía que los sectores laicos y
cristianos de la Unidad Popular ignorábamos su existencia), los Oficiales de Inteligencia Naval me
sometieron a apremios ilegítimos, tortura, para firmar una Declaración
Extrajudicial en la que me autoinculpaba de pertenecer a la Dirección Regional
que coordinaría las actividades del Plan Z
en esta zona, entre los aparatos armados de la UP y los marinos de la
Armada que habían estado involucrados en el caso del Motín de la Escuadra en
Valparaíso.
En esa Declaración, el Plan Z era definido como un intento de autogolpe en
el cual el Marxismo Revolucionario procedería al asesinato masivo de los Altos
Oficiales de las Fuerzas Armadas Chilenas y de los dirigentes políticos y
gremiales de oposición al Gobierno del Presidente Allende. Este Plan Z habría estado
dirigido por un Estado Mayor, conformado por: Carlos Altamirano, Secretario
General del Partido Socialista de Chile; Miguel
Enriquez, Secretario General del MIR; y Oscar Garretón, Secretario
General del MAPU, secundados por “cubanitos”, (nombre que se les daba a quienes
siendo chilenos habían realizado entrenamiento militar en Cuba, pasando algunos
de ellos a formar parte de los Servicios Secretos Cubanos), y financiado por la
OLAS, que, a su vez, recibiría ilegalmente Fondos Fiscales de las Empresas del
Estado de Chile, como la CORDVAC. Este Estado Mayor habría actuado con Asesoría
Directa de Altos Oficiales del Servicio Secreto Cubano, al mando de una
División de 13.000 cubanos apostados en Santiago, y con personal infiltrado en
la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros de Chile, los cuales se
coordinarían con la Dirección General de Investigaciones, cuyos Jefes
Superiores dirigirían las Operaciones de Exterminio a nivel nacional.
En Valparaíso, los Jefes Regionales del Plan Z
éramos (según los interrogadores): Emilio Contardo H., dirigente del partido
socialista y Vicepresidente Ejecutivo de la CORDVAC; Roberto Sapiains,
dirigente del Partido Izquierda Cristiana y Director de Administración y
Finanzas de la CORDVAC (que financiaría a la OLAS); Rodrigo González, dirigente
del MAPU y Jefe del Aparato Armado de ese Partido en Valparaíso; y los
dirigentes del MIR en Valparaíso: Ricardo Froeden (Enrique), Secretario
Regional del MIR; Mario Calderón Tapia, Jefe del Frente de Trabajadores
Revolucionarios (FTR); y Carlos Díaz Cáceres (Pechuga de buque o Agustín), Jefe
de Frente F en el MIR y acusado de Infiltrar a la Armada de Chile en
Valparaíso, en el proceso sobre el Motín de la
Escuadra.
A este
respecto, el Informe Final de la Comisión Valech señala: “Los
esfuerzos de propaganda del régimen buscaron crear –con el apoyo de los
medios de comunicación partidarios, que amplificaban la versión oficial de los
hechos- un clima de opinión favorable a la aplicación de acciones punitivas.
Resulta ilustrativo el presunto Plan Z, que habría definido
genéricamente las víctimas en la mira de la izquierda abocada a la conquista
del poder total por medio de la fuerza, y que evidencia, por parte de los
militares y de sus colaboradores civiles, la pretensión de disculpar las
medidas represivas, así presentadas como actos de legítima defensa. El Plan
Z destacaba entre los alarmantes hallazgos consignados en el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, obra redactada para suscitar apoyo
emocional al golpe militar y sus consecuencias, ilustrada con fotos del
“armamento de guerra pesado y liviano encontrado por las fuerzas militares y de
orden en los arsenales de la Unidad Popular”.
Este libro, cuyas revelaciones nunca han podido ser
validadas empíricamente, presentaba al pronunciamiento
militar como la oportuna y justa reacción al inminente autogolpe de la Unidad Popular. La “parte más siniestra de dicho operativo –se informaba a la
desprevenida población del país- era el exterminio simultáneo, en todo el país,
de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de
dirigentes políticos y gremiales opositores. Se perseguía, con este golpe
criminal, que debía iniciarse el 17 de septiembre, paralizar por el terror toda
resistencia a la dictadura de la Unidad Popular, que se implantaría de
inmediato”. Debe consignarse que el Libro
Blanco serviría como prueba inculpatoria en procesos llevados a cabo por
tribunales militares, lo que constituía una violación a las normas imperantes
de admisibilidad de los medios de prueba. Entre los partidarios del golpe
militar, tampoco debe desestimarse su papel legitimador de la violencia
política, acompañada de indulgencia ante los atropellos al imperio del Derecho,
incluso al interior del Poder Judicial”. (Fin
de la cita), a la cual agrego lo siguiente: “Que el Poder Judicial, desde
el Juez del Tercer Juzgado del Crimen y la Corte de Apelaciones de Valparaíso,
a la misma Corte Suprema de Justicia, también utilizó esa publicación como prueba
inculpatoria en los procesos que enfrenté ante los Tribunales Ordinarios, ya que en el Libro Blanco mi nombre aparece expresamente relacionado con el capítulo
titulado Los Escándalos Financieros del Allendismo”.
Las publicaciones
de los diarios El Mercurio de Valparaíso y La Estrella de esta misma ciudad, de
fecha 12 de septiembre de 1973, al informar sobre el allanamiento a mi
domicilio particular, mi detención y la incautación de: gran cantidad de
Objetos de Valor, gran cantidad de dinero nacional y extranjero, (dólares en
billetes), varias libretas de ahorro y Certificados de Ahorro Reajustable
(CAR), y de dos talonarios de cheques del Banco del Estado de Chile,
correspondientes a la Cuenta Unica Fiscal de la Corporación de Desarrollo de
Valparaíso y Aconcagua), sostenían textualmente: “En el talonario se comprobó que había partidas de dinero a favor del
propio Roberto Sapiains por elevadas sumas, a favor de la Organización
Latinoamericana de Solidaridad, que fuera presidida por Salvador Allende y a
favor de una persona o institución identificada por las iniciales de I.M.M.V.
por una suma superior a los diez millones de escudos”.
De esta forma
se cerraba el círculo de la Propaganda de Guerra, ya que Roberto Sapiains era (según ellos): “Jefe de
la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y connotado dirigente
regional del régimen depuesto”; “entregaba dineros fiscales a la OLAS y a otras
instituciones sospechosas”; “había girado elevadas sumas a su propio favor”;
“tenía un carnet de ejecutivo de la Unidad Popular Nº 863”; “mantenía en su
poder una metralleta con dos cargadores completos y un rifle”; y “mantenía en
una pieza oculta una extraordinaria cantidad de artículos de procedencia
importada, que presumiblemente estaban destinados al mercado negro”.
Jamás se dijo en la prensa que yo era
profesor de la Universidad de Chile de Valparaíso, que había sido miembro de la
Dirección de esa misma Universidad al crearse la Vice-rectoría el año 1968, y
que había ejercido el cargo de Senador Académico. Sólo se publicitó,
obviamente, lo que me calificaba como “extremista peligroso” para la Propaganda
de Guerra de la Junta Militar de Gobierno.
B) El financiamiento a la OLAS
(Organización Latinoamericana de Solidaridad), con cheques que habrían sido girados a favor de la
OLAS con las firmas conjuntas de Emilio Contardo y Roberto Sapiains, contra las
Cuentas Corrientes Fiscales de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y
Aconcagua (CORDVAC).
El abogado Emilio Contardo Hogtert ocupaba el cargo
de Vicepresidente Ejecutivo y yo, Roberto Sapiains, era el Director de
Administración y Finanzas de esa Corporación. Ambos directivos de la
Corporación éramos co-giradores, autorizados legalmente a firmar en forma
conjunta los cheques librados contra los Fondos Fiscales depositados en las dos
cuentas corrientes de la CORDVAC, una Cuenta Corriente para la Provincia de
Valparaíso y otra Cuenta Corriente para la Provincia de Aconcagua, ambas
cuentas dependientes de la Cuenta Única Fiscal.
Como ya lo he dicho, las publicaciones de los
diarios El Mercurio de Valparaíso y La Estrella de esta misma ciudad, de fecha
12 de septiembre de 1973, (al informar sobre el allanamiento a mi domicilio
particular, mi detención y la incautación de dos talonarios de cheques del
Banco del Estado de Chile, correspondientes a la Cuenta Única Fiscal de la
Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua), sostenían textualmente: “En
el talonario se comprobó que había partidas de dinero a favor del propio
Roberto Sapiains por elevadas sumas y a favor de la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que fuera presidida por Salvador Allende”.
C) En los presuntos delitos de
contrabando y de malversación de los caudales públicos de la CORDVAC que
estaban legalmente bajo mi custodia y administración a la fecha del Golpe de
Estado. Se referían al dinero en efectivo, que en
la cantidad total de 14.500.000 de escudos (según el siguiente desglose:
7.000.000 de escudos, en siete fajos de mil billetes cada fajo, billetes nuevos
y seriados, de valor individual de mil escudos cada billete, y 7.500.000 de escudos, en 150 fajos de cien
billetes cada fajo, billetes usados y no seriados, de valor individual de
quinientos escudos cada billete) yo
mantenía legalmente bajo custodia personal. Estos dineros fueron incautados por
el Destacamento de Comandos de Infantería de Marina que allanó mi domicilio
particular el 11 de septiembre de 1973.
Estos Fondos,
incautados por la Fiscalía Naval de Guerra, NO fueron reintegrados totalmente a
la CORDVAC, pese a “mi solicitud expresa al efecto ante el Fiscal Naval
Hernando Morales, Capitán de Fragata (J)”.
Al ignorar mi solicitud el Fiscal Naval violó
gravemente los artículos 17 y 18 del Convenio de Ginebra, tanto al NO
restituirme mi Tarjeta de Identidad Nº 863, como al NO entregarme el “recibo
detallado” que yo solicitaba por los Fondos Fiscales de la CORDVAC y por los valores de mi propiedad personal,
que ascendían a US $85.000 dólares en billetes, y Certificados de Ahorro
Reajustable (CAR), libretas de ahorro de distintas instituciones financieras a
mi nombre, y dinero efectivo adicional en fajos de billetes de 500 y 100
escudos, todo por un valor total aproximado de 15.000.000 de escudos.
A lo anterior hay que agregar los Objetos de Valor
incautados por los Comandos de Infantería de Marina en el allanamiento a mi
domicilio particular, por los cuales fui acusado del presunto delito de
contrabando, dado que muchos de ellos eran de origen extranjero.
D) En presuntos “actos de
rebeldía”, como el Motín de Prisioneros de Guerra de la Cárcel de Valparaíso,
en infracción a las disposiciones Reglamentarias que habrían estado vigentes en los distintos
recintos a los que fui enviado como Prisionero de Guerra. Esto debido a mis
constantes denuncias ante el Comité Internacional de la Cruz Roja de las
Infracciones graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de
Guerra, lo cual me acarreaba Castigos Disciplinarios como Hombre de Confianza
de ese organismo internacional después que el Comité se retiraba del recinto.
En este aspecto se procedió a
asesinar mi imagen de político público y de persona racional, ya que las
publicaciones de prensa de la época me calificaban como un desquiciado mental
que sólo buscaba crear problemas.
Se me aplicó publicitariamente el descalificativo de
“El Loco Sapiains” y se sostuvo que:
“sus actos irresponsables en los
recintos de detención ponen en peligro la vida de los demás prisioneros de
guerra”.
Todas esas injurias y calumnias con publicidad atentaron
gravemente contra mi honra y mi dignidad personal, y asesinaron mi imagen
pública, causándome tratos humillantes y degradantes que me han significado un
gran sufrimiento moral.
Esta situación
humillante y degradante se ha prolongado durante los 17 años de Dictadura y
durante todo el llamado “Período de Transición en Chile”, debido a que las
versiones que repiten las “falsas acusaciones”, que fueron y son parte de la
Historia Oficial de la Dictadura, no
han podido ser modificadas y pareciera que la Concertación NO tiene interés en
aclarar esas falsas acusaciones.
A pesar de mi insistencia, tanto
en los Gobiernos de los Presidentes Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar y de la Presidente Michelle Bachelet Jeria, como
en el presente Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, NO me ha sido posible
lograr que una “instancia oficial” examine y aclare públicamente la veracidad
de los hechos.
Si bien la Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura acogió todos los hechos que he relatado y me
incluyó en la Lista de Personas Calificadas con el Nº 22.845, el propio Jefe de
Estado en esa época, Ricardo Lagos Escobar, decidió que “los antecedentes
presentados a esa Comisión permanecerían secretos por 50 años”.
Debido a lo anteriormente
expuesto, vengo en denunciar ante sus Honorables Señorías, la
violación grave del artículo 3º, Nº 1), letra c), que prohibe, en cualquier
tiempo y lugar, “los atentados contra la dignidad personal, especialmente los
tratos humillantes y degradantes”, violación que es calificada en el artículo
130, por “causar deliberadamente grandes sufrimientos a un prisionero de
guerra”, como Infracción Grave al
Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.
